El funcionario dijo que el comité de revisión de dichos convenios, que conformó la Sedec para la actual administración, llegó a tales conclusiones.
“Esencialmente, los convenios que se firmaron no tienen la formalidad legal necesaria, no son formalmente válidos; el monto de incentivos es muy superior a lo que marca la ley; también son muy superiores a lo que el Estado puede pagar; son superiores a lo que otras armadoras han obtenido en otros Estado y; por último, las obligaciones de Kia no están claras en el convenio”, indicó Turner Dávila.
Por lo anterior, Turner Dávila mencionó que el gobierno actual busca llegar a un acuerdo con la armadora, además de sensibilizarlos sobre la actual situación financiera del estado.
“Todo eso hace que sea necesario buscar un acuerdo con Kia y firmar convenios que sean legalmente válidos y que satisfagan las necesidades y posibilidades del gobierno y que no establezcan un precedente negativo para el Estado; el Estado no tiene por qué pagar por inversiones”, explicó.
De acuerdo al artículo 17 a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo de Nuevo León, los incentivos que el Estado podrá otorgar a nuevas empresas, ya sea nacional o extranjera, o aquellas que incrementen su capacidad de operación, van desde la gestión de trámites a la reducción de hasta 95 por ciento del pago de derechos estatales.
Además de una reducción de hasta 95 por ciento en el pago del Impuesto Sobre Nóminas hasta por cinco años, en proporción al número de empleos generados y la realización de hasta el cien por ciento de las obras de infraestructura que propicien el asentamiento, instalación o expansión de estas u otorgamiento de recursos económicos para su ejecución.
Turner Dávila dijo que pese a que el Estado carece de recursos, ha colaborado con la armadora para acelerar obras de infraestructura que tenían más de seis meses de retraso y que competía a la entidad realizarlas.
“Se le dio celeridad a las obras que podían detener a Kia; obras que tenían hasta seis meses atrasadas el gobierno anterior y que ponían en riesgo la entrada de operación de la planta, empezamos a resolver eso y ya mañana (hoy) comienzan las pruebas de operación de acuerdo a lo programado.
“Ellos saben que el convenio se va a tener que revisar. Que se sensibilicen, que lo que obtuvieron fue demasiado y que la opinión pública no va a aceptar eso, y tampoco aceptaría que no hiciéramos nada”, dijo.